El Banco de España es el banco central de España. Fundado en Madrid en 1782 por el rey Carlos III, hoy el banco es miembro del Eurosistema y del Sistema Europeo de Bancos Centrales. Es la autoridad nacional competente de España para la supervisión bancaria dentro del Mecanismo Único de Supervisión. Su actividad está regulada por la Ley de Autonomía del Banco de España de 1994.
Su sede principal, construida entre 1884 y 1891, está situada en la confluencia de la calle Alcalá con el paseo del Prado, con vistas a la plaza de Cibeles. En la capital cuenta además con otra sede en el 522 de la calle Alcalá y quince sucursales repartidas por todo el territorio nacional.
El Banco de España tiene una larga tradición histórica, que hunde sus raíces en el siglo XVIII.
En 1782, el rey Carlos III creó en Madrid una sociedad por acciones, cuya propiedad correspondía a instituciones y sujetos particulares. Los principales gobernantes ilustrados de la época, como el primer secretario de Estado, el conde de Floridablanca, el secretario de Estado de Hacienda, Miguel de Múzquiz y Goyeneche, y el fiscal del Consejo de Castilla, Pedro Rodríguez de Campomanes, apoyaron la creación de este instituto bancario. Aunque no era un banco público, gozaba de la protección de la Corona y mantenía estrechos lazos financieros con el Estado. Se llamó Banco Nacional de San Carlos.
El principal objeto del Banco Nacional de San Carlos era la reducción o descuento de vales reales a metálico. Los vales reales eran una modalidad de deuda pública, cuyos títulos, además de proporcionar una rentabilidad determinada a su poseedor, tenían capacidad liberatoria en grandes pagos, por lo que son considerados la primera manifestación de papel moneda existente en España. El creador de los vales reales fue Francisco Cabarrús, un comerciante ilustrado de origen francés, quien sería asimismo fundador del Banco Nacional de San Carlos y miembro nato de su dirección. En 1789 recibiría de Carlos IV el título de conde de Cabarrús. El Banco Nacional de San Carlos tenía también, entre otros cometidos, el descuento de letras de cambio y efectos de comercio, los préstamos con garantía y la financiación de actividades del Estado.
Al año siguiente de su institución empezó a emitir los primeros billetes llamados «cédulas». Estas cédulas garantizaban un inmediato reembolso en metálico, reembolso que efectuaría el propio banco emisor; se canjeaban al portador sin producir ningún interés, lo cual les diferenciaba de los vales reales. Este carácter de cédula o billete duró hasta la guerra civil española, por eso todos los billetes llevaban la leyenda «El Banco de España pagará al portador...». La frase sobrevivió hasta 1976, pero había perdido valor legal desde la ley de noviembre de 1939.
Sin embargo, los billetes en cuestión, las cédulas, no tuvieron ningún éxito, debido a la abundancia de moneda de plata circulante en España a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX y a la propia existencia de los vales reales. En 1790, Francisco Cabarrús y los restantes directores fueron relevados de sus cargos, debido a la aparición de pérdidas causadas en determinadas competencias del Banco de San Carlos, y bajo la sospecha de irregularidades. Cabarrús fue procesado y encarcelado preventivamente. Al cabo de seis años se sobreseyó la causa y Cabarrús quedó reintegrado a su puesto, aunque rodeado por un equipo directivo diferente y ajeno a su voluntad.
Entre los años 1793 y 1814, España se vio implicada en una serie de guerras que arrastraron al Banco y lo situaron en serias dificultades, causadas principalmente por la considerable deuda que el Tesoro había contraído con el Banco a lo largo de esos veinte años de conflictos. Finalmente, en el año de 1829 se encontró una solución para dicho débito, gracias al ministro de Hacienda del rey Fernando VII, Luis López Ballesteros, quien además de tomar ciertas medidas financieras innovadoras, concibió la idea de dotar al Banco de San Carlos con un fondo de 40 millones de reales.
Con esta ayuda los accionistas, decidieron fundar una nueva institución con el nombre de Banco Español de San Fernando (por ser rey Fernando VII). Este nuevo banco consiguió la facultad de emitir billetes en régimen de monopolio en Madrid. A lo largo de quince años mantuvo una continua actividad bancaria en el ámbito de la capital de España, con especial dedicación a las necesidades financieras del tesoro, en unos años en que afianzaba el naciente régimen liberal, y especialmente durante la primera guerra carlista.
En 1844, el Gobierno autorizó la apertura de un nuevo banco emisor en Madrid, el Banco de Isabel II, cuyo principal inspirador fue el financiero José Salamanca y Mayol. En el mismo año fue aprobada la creación de un banco emisor en Barcelona y en 1846 la de otro similar en Cádiz. Cada uno de estos bancos tenía facultad de emitir sus propios billetes y de ponerlos en circulación en sus respectivos ámbitos locales, además de desenvolver sus restantes actividades crediticias, salvo el caso de Madrid, donde compitieron las dos entidades existentes en ella.
Al cabo de tres años, y en plena crisis financiera internacional de 1847, el Gobierno decidió resolver las dificultades por las que atravesaban los dos emisores de Madrid, principalmente el Banco de Isabel II, mediante la fusión de ambos. La entidad resultante de dicho proceso conservó el nombre de Banco Español de San Fernando. Las consecuencias de la crisis fueron duraderas, y tras diversos cambios legales, fue nombrado en 1849 gobernador del Banco Español de San Fernando el exministro de Hacienda Ramón Santillán. Santillán llevó a cabo, entre 1851 y 1856, una ejemplar labor de saneamiento financiero dentro de la entidad.
Nacimiento del Banco de España
Tras la Revolución de 1854, la legislación bancaria de 1856, de inspiración netamente liberal, permitió, entre otras modificaciones, que el Banco de San Fernando pasara a llamarse Banco de España, cuyo primer gobernador siguió siendo el del Banco de San Fernando, Ramón Santillán. A pesar de la denominación de Banco de España, esta institución solo operaba entonces en Madrid, Valencia y Alicante, ciudades en que abrió sucursales en 1858. Otras diecinueve localidades españolas, entre ellas los principales centros industriales y mercantiles, como Barcelona, Bilbao, Málaga, Sevilla, Zaragoza, Valladolid o Santander, contaron con sus propios bancos de emisión y descuentos dentro del período 1856-1874.
El 19 de marzo de 1874 las acuciantes y forzosas necesidades financieras causadas por la tercera guerra carlista y por la guerra de los Diez Años, simultánea a la anterior, obligaron al entonces ministro de Hacienda en el Gobierno de la Primera República, José Echegaray, decretar la fusión de todos los bancos emisores locales con el Banco de España. No obstante, a estos últimos se les dejaba la opción de continuar con su actividad comercial y crediticia, aunque sin facultad de emitir billetes, cuyo monopolio en todo el territorio de la nación, correspondería, en adelante, al Banco de España. A dicha posibilidad solo se acogieron los Bancos de Barcelona, Bilbao, Reus, Santander y Tarragona. A cambio del privilegio emisor, el Banco de España concedió un crédito de 150 millones de pesetas.
A partir de entonces, el Banco de España estableció una densa red de sucursales en toda la nación, comenzando por los antiguos de bancos emisores absorbidos. A finales del siglo XIX, había más de cincuenta sucursales del banco en todas las capitales de provincia y ciudades de importancia mercantil. Es preciso subrayar que, en esta época, el Banco de España –que seguía siendo una sociedad por acciones de propiedad privada, aunque el gobernador y los subgobernadores eran nombrados y aprobados respectivamente por el Gobierno- simultaneaba la emisión de billetes y el crédito al tesoro público con actividades de préstamos y descuentos con particulares a través de sus oficinas en las diferentes ciudades españolas.
Con la Ley de Ordenación Bancaria de 1921, el Banco de España se consagró como banco de bancos, o banco central, desarrollando –de acuerdo con el Gobierno- nuevos instrumentos de política monetaria. Seguía siendo una sociedad anónima con un capital ahora de 177 millones de pesetas (354.000 acciones nominativas de 500 pesetas cada una), aunque el Gobierno se reservaba el nombramiento de un gobernador y dos subgobernadores. Su Consejo estaba constituido por 21 miembros (15 elegidos por los accionistas, uno por los bancos/banqueros, otro por el Consejo Superior de Cámaras Comercio, Industria y Navegación, otro por las confederaciones agrícolas y los 3 restantes por el Gobierno).