El Banco Central de la República Argentina (BCRA) es el organismo rector del sistema financiero de la República Argentina, encargado de la política monetaria del país.
Fue creado en 1935, durante el gobierno de Agustín Pedro Justo, mediante las leyes 12155 a 12160, promulgadas el 28 de mayo. Ese mismo día dejó de existir la Caja de Conversión, vigente desde 1890. El Banco Central de la República Argentina entró en operaciones el 6 de junio de ese año como una entidad mixta, cuyo capital estaba compuesto en partes iguales por el Gobierno de la República Argentina, y la otra mitad por los bancos nacionales y extranjeros establecidos en el país. Fue nacionalizado el 25 de marzo de 1946 por un decreto firmado por el presidente de facto Edelmiro Farrell, influenciado por el entonces presidente electo Juan Domingo Perón.
La Carta Orgánica que rige al Banco Central de la República Argentina (Ley 24144) define en su artículo 1.º al banco central como una entidad autárquica del Estado nacional.
En el artículo 3.º, enumera los objetivos de esta Institución: «El banco tiene por finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social».
La estabilidad monetaria es el objetivo primordial del Banco Central de la República Argentina. El foco central de esta Institución es fortalecer el peso argentino logrando una inflación en línea con sus objetivos establecidos en el Plan Monetario. A su vez, la estabilidad financiera será la vía a través de la cual el Banco Central de la República Argentina podrá aportar al último objetivo de su misión: el del desarrollo económico con equidad social.
A fines de la década de 1920, la economía argentina experimentaba una caída en la actividad económica, asociada con el desplome de los precios internacionales de las exportaciones y con la reversión del ingreso de capitales. La importante entrada de capitales que primaba con anterioridad al estallido de la Primera Guerra Mundial, prácticamente se había detenido con el comienzo de la Gran Depresión.
El régimen de patrón oro que se aplicaba en ese momento en el país, implicaba un sistema automático donde el oro o las divisas eran cambiados por moneda nacional en la Caja de Conversión a un tipo de cambio fijo. Este régimen cambiario no permitía flexibilidad en la variación del tipo de cambio, y como consecuencia, en momentos de tensión, se recurría habitualmente a la suspensión de la convertibilidad.
Fue así, que hacia fines de 1929 se juzgó necesario abandonar el régimen de patrón oro para evitar la salida de metálico del país. Sin embargo, se realizaron exportaciones de oro para atender servicios de la deuda pública y también para tratar de estabilizar el valor de la moneda. La salida de Gran Bretaña del patrón oro motivó que, hacia fines de 1931, se aplicara en la Argentina un sistema de control de cambios que Raúl Prebisch, años más tarde, identificaría como absolutamente necesario para llevar adelante una «política monetaria nacional».
Por su parte, en lo que refiere al sistema bancario, el Banco de la Nación Argentina (BNA) funcionó como un «prestamista de última instancia», dada la ausencia de un banco central en el país. En 1931, el BNA acude por primera vez a la Caja de Conversión para conseguir recursos, haciendo uso de la antigua ley de redescuento de 1914. De esta manera, se incorpora una fuente de creación de dinero, dado que los préstamos al sistema financiero redundarían en una expansión de la base monetaria. Otra fuente fue el sector externo, siendo que las entradas de oro a la Caja de Conversión determinaban el aumento de la oferta monetaria, y las salidas de oro una contracción de la misma. La tercera fuente de creación de dinero fue incorporada en 1932 con la colocación del Empréstito Patriótico, que permitió a la Caja de Conversión efectuar préstamos al Gobierno.
Si bien existieron varios intentos de impulsar la creación de un banco central en la Argentina, algunos proyectos no lograron avanzar en el Congreso. La interrupción de la conversión en 1929, determinó que la Oficina de Investigaciones Económicas, organizada dentro del BNA y formalizada en 1928 (incorporándose Raúl Prebisch como su director), argumentara sobre la necesidad de estudiar la creación de un banco central.
En la década de 1930 se elaborarían tres proyectos de creación de un banco central. El primero, en 1931, surgió del seno de la «Comisión Uriburu», presidida por el ministro de Hacienda Enrique Uriburu y en el que Prebisch participó activamente.
Hacia 1933, el nuevo ministro de Hacienda, Alberto Hueyo, convoca a Sir Otto Niemeyer, del Banco de Inglaterra, para que elaborara un nuevo proyecto de creación de un banco central y otro de Ley de Bancos.
Sin embargo, en 1934, Federico Pinedo (ahora a cargo del Ministerio) solicita a Prebisch revisar el proyecto. De este modo, se introdujeron importantes cambios a fin de dotar a la autoridad monetaria de elementos para la adopción de políticas anticíclicas, incorporar la necesidad del saneamiento bancario que se materializaría a fines de diciembre de 1935 con la creación del Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias, y organizar la Inspección de Bancos bajo la dependencia del Banco Central.
El 28 de marzo de 1935, se promulga la Ley de Bancos, y el Banco Central de la República Argentina comienza a funcionar el 31 de mayo de 1935, en medio de una reforma monetaria y financiera que permitió reunir distintas funciones en un único organismo rector del sistema financiero.
El primer presidente del BCRA fue Ernesto Bosch, y Raúl Prebisch el primer gerente general. Desde sus inicios, el Banco Central fue instrumentado para llevar adelante operaciones de redescuento hacia los bancos comerciales, vigilar el cumplimiento de la Ley de Bancos, ser el agente financiero del gobierno y regular la cantidad de dinero y crédito de la economía. La ley de creación del BCRA establecía que sería una institución mixta, donde el capital era aportado mitad por el Gobierno Nacional y la otra mitad por bancos nacionales y extranjeros establecidos en el país.
El 25 de marzo de 1946, el presidente de facto Edelmiro Farrell sanciona el decreto 8503, ratificado luego por la Ley 12962, por el cual se nacionalizó el Banco Central y todo el sistema bancario argentino.
En junio de ese año asume como presidente Juan Domingo Perón, quien se había impuesto en las elecciones de febrero. Los planes económicos del gobierno que asumió necesitaban contar con las herramientas que permitieran poner en manos del Estado los elementos idóneos para poder cumplirlos. En ese sentido, el BCRA asume un rol más amplio en la búsqueda del pleno empleo y el desarrollo económico.
Las metas del gobierno eran que los industriales tuvieran fondos a su disposición para desarrollarse y satisfacer las necesidades del comercio externo e interno, mediante mecanismos de crédito no supeditados a intereses de bancos particulares ni a empresas extranjeras. La economía argentina de posguerra necesitaba que el Banco de la Nación Argentina pudiera hacer operaciones de gran volumen, para lo cual era clave el apoyo de todo el régimen bancario.