La Asamblea Nacional Constituyente de 2017 fue la asamblea constituyente, encargada de redactar una nueva Constitución para Venezuela que finalmente no presentó, ni discutió, asumiendo facultades plenipotenciarias por encima de los demás poderes públicos del Estado. Su vigencia abarcó más de 3 años, desde el 4 de agosto de 2017 hasta el 18 de diciembre de 2020. Fue promovida por el mandatario Nicolás Maduro el 1 de mayo de 2017 mediante decreto presidencial N° 2830, el cual contemplaba la convocatoria y las bases comiciales.
Después de su establecimiento, muchos países, incluyendo los miembros del Grupo de Lima y de la Unión Europea, desconocieron a la asamblea. Sin embargo, países aliados del gobierno venezolano reconocieron los resultados, incluyendo a Bolivia, Cuba, Irán, Nicaragua, Rusia y Siria.
El 30 de julio fueron realizadas elecciones para escoger a los 545 constituyentes que la conformarían y el 4 de agosto se instaló formalmente en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo (también sede de la Asamblea Nacional).
En sus inicios fueron juramentados Delcy Rodríguez como presidenta de la ANC, Aristóbulo Istúriz como primer vicepresidente, Isaías Rodríguez como segundo vicepresidente, Fidel Ernesto Vásquez Iriarte como Secretario de la ANC y Carolys Pérez como subsecretaria. Su duración quedó fijada por un lapso de dos años, decisión tomada por los propios constituyentes. Y se estableció su hemiciclo de sesiones en el Salón Protocolar del Capitolio Federal, donde funcionaba el antiguo Senado del extinto Congreso de la República.
En el principio estuvo conformada por 545 integrantes pero para enero de 2018, esta perdió al menos 40 miembros que fueron llamados a ocupar cargos como alcaldes o gobernadores, tomando en cuenta además el deceso de dos de ellos: Tomás Lucena, quien fue asesinado, y Dionisia Mijoba, que falleció de causas naturales.
Aunque inicialmente se planteó que la Asamblea Constituyente tendría una vigencia de dos años, el 2° presidente del organismo, Diosdado Cabello, reiteró que ese lapso podía ser prolongado en caso de ser necesario. El 21 de mayo de 2019 la asamblea aprobó un decreto mediante el cual extendía su vigencia al menos hasta el 31 de diciembre de 2020. El 15 de diciembre de 2020, Cabello fijó como fecha de disolución de la ANC tres días después, el 18 de diciembre argumentando que cumplió todos sus objetivos, exceptuando el de crear una nueva Constitución.
En 1999, el presidente Hugo Chávez propuso una convocatoria a referéndum para preguntarle al pueblo venezolano si estaba de acuerdo con convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que reformara la constitución vigente, acto que se llevó a cabo el 25 de abril de ese año, resultando aprobada por votación popular. Tres meses después, en julio de 1999, el Consejo Nacional Electoral llamó a elecciones de constituyentistas. Este proceso fue inédito en la historia política venezolana.
El 29 de marzo de 2017 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dicta la decisión 155 y 156 mediante la cual se atribuye a sí mismo las funciones de la Asamblea Nacional (AN) y se extienden los poderes del presidente de la República, Nicolás Maduro, según la Sala Constitucional «hasta que desista la situación de desacato» del parlamento.
Al momento de darse las sentencias, la reacción de la Asamblea Nacional, así como de varios organismos internacionales y de la región, fue mayoritariamente negativa. Algunos calificaron dichas acciones como un "autogolpe de Estado" y que se estaba "disolviendo a la AN", lo que suscitó protestas en Caracas y otras ciudades del país. Ante dichas acusaciones (y antes de la anulación de las sentencias), el TSJ afirmó que sus acciones no estaban disolviendo la Asamblea, sino que "estarían supliendo sus labores" hasta que esta hiciera los procedimientos necesarios para salir de su estado de desacato.
La fiscal general Luisa Ortega Díaz, representante del Ministerio Público (MP), manifestó su desacuerdo ante las medidas, adoptadas por el alto tribunal tachándolas de "ruptura del orden constitucional", lo que fue entendido como un "breve conflicto" entre los poderes públicos tradicionalmente aliados al Poder Ejecutivo Nacional.
El presidente Maduro (quien calificó el roce entre el MP y el TSJ como un "impase") convocó a un Consejo de Seguridad de la Nación el día 31 de marzo, para discutir la situación con los entes públicos (a excepción de la Asamblea Nacional y la Fiscalía General), cumpliendo con el artículo 323 de la Constitución. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, quien fue invitado a participar, no asistió La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien horas antes había catalogado el hecho como una "ruptura del orden constitucional”, tampoco asistió. Después de esta convocatoria el 1 de abril el Tribunal Supremo de Justicia publicó las sentencias 157 y 158 rectificando sobre las sentencias 155 y 156.
Finalmente el 2 de abril, el presidente Nicolás Maduro señaló este "impase" como una muestra de "plena independencia" de poderes en Venezuela, posición contrariada por analistas jurídicos y políticos para quienes la propia actuación de la sala constitucional del TSJ ante el Consejo de Defensa de la Nación ratificaba su falta de independencia.
Posteriormente, se realizaron protestas que exigieron la renuncia de los magistrados, la realización de elecciones postergadas y el adelanto de las elecciones presidenciales previstas para 2018.
La fiscal no de acuerdo con diferentes decisiones equivocadas por parte de TSJ, el día 12 de junio solicita la impugnación y anular el nombramiento de 13 magistrados y 21 suplentes designados el 23 de diciembre de 2015 por la AN con mayoría oficialista, pues tal nombramiento estuvo viciado por no haberse realizado según el procedimiento establecido en la LOTSJ, al mismo tiempo que pide a los magistrados impuganos inhibirse de la causa según lo establecido en los artículos 55, 56 y 57 eiusdem. El TSJ nuevamente denegó la petición de la Fiscal sin dar explicaciones de fondo de su decisión.
Comisiones permanentes durante la vigencia de la Asamblea Nacional Constituyente.
Miembros de la comisión presidencial
La Comisión Presidencial para la Constituyente estuvo coordinada por Elías Jaua y como secretario Adán Chávez, y sus miembros fueron:
El 1 de mayo de 2017 Nicolás Maduro convoca una Asamblea Nacional Constituyente con violación a la Constitución al no ejecutar una consulta popular contando con el aval del juez constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a través de la sentencia signada con el número 378, mediante el decreto N.º 2830 firmado por el presidente Nicolás Maduro y el Consejo de Ministros los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente serían elegidos mediante voto universal, directo y secreto (artículo 2), en un ámbito territorial y sectorial, bajo el control del Consejo Nacional Electoral (CNE).