Alejandro Ordóñez Maldonado (Bucaramanga; 29 de mayo de 1955) es un político colombiano. Designado como Embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) por el gobierno de Abelardo de la Espriella.
Abogado de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, ha ejercido cargos como Concejal de Bucaramanga, Magistrado del Tribunal Administrativo de Santander, presidente del Consejo de Estado de Colombia y procurador general de la Nación durante el periodo 2009-2016, siendo el primer reelegido en el cargo.
Ha sido un defensor de los "valores cristianos y tradicionales de la familia" en Colombia; de igual manera cuestionado por diferentes aspectos como la quema de libros en su época de universidad y su destitución, de parte del Consejo de Estado, como procurador general de la Nación. Fue precandidato presidencial en las Elecciones Presidenciales del 2018. El 12 de septiembre de 2018 fue nombrado embajador de Colombia ante la OEA por el gobierno de Iván Duque, posteriormente el 4 de agosto de 2026, el presidente electo Abelardo de la Espriella, lo designaría nuevamente en este rol.
El menor de cinco hermanos, es hijo de Mary Maldonado y Miguel Ordóñez, un empresario y antropólogo que fundó una fábrica de galletas llamada La Aurora.
Estudió en el Colegio San Pedro Claver, posteriormente ingresó a la Universidad Santo Tomás donde terminó sus estudios de pregrado en Ciencias Políticas y Derecho vinculándose a la docencia en esta institución.
En la Universidad Santo Tomas de Bucaramanga se especializó en Derecho Administrativo.
Vida Académica y de Funcionario Público
En la universidad fue elegido presidente de las Juventudes Departamentales del Partido Conservador en Santander.
Como profesor de Filosofía de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás conoció a su esposa Beatriz Hernández de Ordóñez, con la que tuvo tres hijas, María Alejandra, Natalia y Ángela María. Poco antes de casarse fue seminarista por año y medio en Francia y Argentina.
Luego del nacimiento de su primera hija se desempeñó como abogado litigante en las áreas de Derecho Civil y Derecho Administrativo, siendo asesor de diversas empresas.
Fue catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás en Bucaramanga y Bogotá ocupando el cargo de Director del Centro de Investigaciones Socio-Jurídicas de esta Universidad, a su vez fue docente en la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Sergio Arboleda, la Universidad Católica, la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la Universidad Autónoma de Nariño, la Universidad Nacional y la Universidad Industrial de Santander.
Fue elegido como concejal de Bucaramanga por el Partido Conservador en el periodo 1986-1989.
Fue vicepresidente de la Asociación Internacional de Altas Jurisdicciones Contenciosas Administrativas en una reunión celebrada en Budapest (Hungría), e integrante como asesor de una misión electoral de la Organización de Estados Americanos, para la institucionalización de Perú, entre 1991 y 1992.
Fue elegido como con-juez en 1989 del Tribunal Administrativo de Santander luego se convirtió por concurso en magistrado y presidente de este tribunal, también en el año 2000 fue elegido consejero de Estado, luego fue elegido presidente de la sección segunda del Consejo de Estado de Colombia, y nuevamente presidente pero esta vez de la corporación en el año 2004.
Fue elegido por el Senado de Colombia en el 2008 como procurador general de la Nación para el periodo en el cargo 2009–2013 y fue reelegido para el periodo 2013–2016.
Procurador general de la Nación (2009-2016)
Con su gestión se destruyeron funcionarios elegidos por voto popular, la mayoría fueron destituidos por parapolítica; aunque menos que su predecesor Edgardo Maya Villazón.
Ordóñez, destituyó, suspendió e inhabilitó a diversos altos funcionarios, ministros, gobernadores, alcaldes y congresistas de diversos partidos. Entre ellos al exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, a quien inhabilitó por malversación de fondos y contratación indebida, a la exsenadora Piedad Córdoba el ministerio público la inhabilitó por haber realizado reuniones ilegales con la guerrilla de las FARC, a las congresistas Eleonora Pineda y Rocío Arias la Procuraduría las destituyó por parapolítica, al exalcalde Samuel Moreno Rojas lo inhabilitó por falta de gestión para evitar las demoras de los contratistas de la calle 26 de Bogotá y a su hermano el excongresista Iván lo inhabilitó por el llamado Carrusel de la Contratación por medio del cual los hermanos permitieron la malversación de fondos por parte de los contratistas de la calle 26 apropiándose de recursos del erario. Entre otros destituyó al exministro Sabas Pretelt de la Vega, a los exdirectores del DAS Jorge Noguera y María del Pilar Hurtado, al exsecretario general de la Presidencia de Álvaro Uribe Bernardo Moreno, al exdirector nacional de estupefacientes Carlos Albornoz, al exconcejal de Bogotá Hipólito Moreno, al exsuperintendente financiero Gerardo Hernández Correa, al exalcalde de Medellín Alonso Salazar, al alcalde de Bogotá Gustavo Petro, su secretario Guillermo Asprilla y al exgerente del Acueducto de Bogotá Diego Bravo.