Las negociaciones de paz entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), también conocidos como proceso de paz en Colombia, fueron las conversaciones que se llevaron a cabo entre el Gobierno de Colombia (en representación del Estado) y la guerrilla de las FARC-EP para poner fin al conflicto armado interno de Colombia iniciado en 1960. Estos diálogos, que tuvieron lugar en Oslo y en La Habana, desembocaron en la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Bogotá el 24 de noviembre de 2016.
Un primer acuerdo de Paz, firmado en Cartagena el 26 de septiembre de 2016, debía refrendarse en Colombia en un plebiscito en el que los ciudadanos debían votar «Sí» o «No»: el resultado del plebiscito, celebrado el 2 de octubre, fue una victoria para el «No» con 50.2% de los votos, contra el 49.7% votos por el «Sí», lo que obligó al Gobierno a «renegociar» el acuerdo tomando en consideración las objeciones de los opositores del acuerdo, a la vez que creó incertidumbre sobre la aplicación legal del acuerdo. Tras un periodo de negociación con los promotores del «No», el gobierno y las FARC-EP acordaron un nuevo texto para el acuerdo de paz el cual se firmó el 24 de noviembre en el Teatro Colón de Bogotá; este nuevo acuerdo fue ratificado por el Senado de Colombia y la Cámara de Representantes el 29 y 30 de noviembre, en busca de la paz y con responsabilidad social, por lo que en ocasiones es llamado "Acuerdo del Teatro Colón".
Durante 2006-2010 fue el Alto Consejero Presidencial para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas y posteriormente nombrado como Alto Comisionado Para la Paz Frank Pearl, quien en representación del gobierno de Álvaro Uribe buscó negociar reservadamente con las FARC-EP (con otros funcionarios del gobierno) y bajo condiciones similares a las actuales: sin cese al fuego e incluso desmilitarizar territorio colombiano (lo que se conoce como zonas de distensión). No obstante, a causa de la entrega del cadáver de Julián Ernesto Guevara, quien falleció en retención por la guerrilla, los acercamientos de ese gobierno con la insurgencia quedaron estancados hasta la llegada de Juan Manuel Santos a la presidencia; aunque siendo presidente electo, Juan Manuel Santos recibió un "informe de empalme" de Pearl, por medio del cual este le enteraba del estado en que habían quedado los fallidos acercamientos.
Durante el año 2011, mediante la promulgación de la Ley de víctimas y restitución de tierras, el ya posesionado presidente Santos manifestó a la guerrilla su intención de retomar las discusiones, lo cual derivó en una serie de comunicaciones secretadas por medio de recados entre la subversión y el gobierno. Dichos enlaces dieron lugar al establecimiento de reuniones presenciales en Cuba; los delegados del gobierno colombiano para tales encuentros fueron el consejero presidencial para la reintegración Alejandro Éder y Jaime Avendaño, funcionario de la presidencia desde el gobierno de Belisario Betancur, en tanto que la delegación de las FARC-EP fue conformada por Rodrigo Granda, guerrillero liberado durante el gobierno Uribe, y Andrés París, uno de los ideólogos de esa organización, quien también estuvo en las Diálogos de paz entre el gobierno Pastrana y las FARC-EP. Finalmente, tras varias escenas de discusión, las partes optaron por la elaboración de una agenda y en su defecto, la organización del próximo lugar en donde continuarían dialogando.
Una vez establecidos los parámetros por medio de los cuales se llevarían a cabo los próximos encuentros, Santos incluyó en su delegación a Frank Pearl, quien ejercía como ministro de ambiente, a su asesor de seguridad nacional Sergio Jaramillo, al exvicepresidente Humberto de La Calle y por último a su hermano Enrique Santos, exdirector del periódico El Tiempo. Según la revista Semana, la inclusión de Enrique generó credibilidad en el proceso, primero por tratarse de un familiar cercano y segundo por la «posibilidad de conversar con uno de los pocos colombianos que los conoce personalmente». Como respuesta, las FARC-EP delegaron a Mauricio Jaramillo, comandante del Bloque Noroccidental José María Córdoba, a Marcos Calarcá, conocido por su experiencia en temas de negociaciones bilaterales, Rodrigo Granda denominado como canciller de las FARC-EP, y por último a Andrés París; delegados por el Secretariado del Estado Mayor Central.
Ya designadas sus respectivas delegaciones, como parte del proceso, el gobierno y las FARC-EP designaron a Cuba y Noruega como países garantes, a Cuba, por haber sido la sede de los primeros encuentros y a Noruega por ser un país con tradición en temas de resolución de conflictos, también porque varios políticos y diplomáticos poseen un amplio conocimiento en temas relacionados con el conflicto armado en Colombia. Posteriormente, las partes discutieron la necesidad de nombrar a más facilitadores y es entonces cuando la guerrilla escoge a Venezuela y el gobierno a Chile.
En febrero de 2012, tanto los países participantes como los facilitadores, procedieron a encontrarse en un sitio estratégico para continuar con los debates. Con la intención de preservar la confidencialidad del proceso, las delegaciones no departieron entre sí, tampoco dialogaron con civiles cubanos. Para el mes de agosto se desarrollaron diez sesiones preparatorias: cada una constaba de cuatro a ocho días, en total, se contabilizaron sesenta y cinco sesiones. Durante esos meses, el equipo negociador del gobierno mantuvo constantes viajes hacia Cuba y viceversa, con la excepción de Frank Pearl quien permaneció todo el tiempo en Cuba.
En agosto de 2012, en la ciudad de Cartagena, Uribe dijo a un medio de comunicación que el gobierno colombiano estaba negociando clandestinamente con las FARC-EP en Cuba; declaraciones que el ministro de defensa Juan Carlos Pinzón y la canciller Holguín rechazaron. No obstante, con el transcurrir de los días los rumores se acrecentaron y el día 27 de agosto, en una de sus emisiones, la cadena TeleSUR amplió la información al respecto;
horas más tarde, el máximo líder de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) Nicolás Rodríguez Bautista alias "Gabino" comunicó que dicha organización estaba interesada en la supuesta mesa de concertación. Posteriormente el presidente Santos confirmó que en efecto se estaba dialogando con las FARC-EP en Cuba.
El 4 de septiembre de 2012, tras afirmaciones del expresidente Álvaro Uribe sobre las negociaciones del Gobierno con la guerrilla de las FARC-EP en Cuba (y una posterior negación de los hechos, por parte de la canciller María Ángela Holguín), el presidente Juan Manuel Santos confirmó la noticia mediante una alocución, destacó que "no se repetirán los errores del pasado" que se procedería con prudencia, y que la Fuerza Pública no detendrá su accionar; lo propio hizo alias "Timoleón Jiménez" con un vídeo en diferido, destacando que las FARC-EP llegaban a la mesa "sin rencores ni arrogancia". Horas antes, alias "Gabino", el máximo jefe del Ejército de Liberación Nacional (la otra guerrilla activa del país) manifestó la intención de esa organización de participar en la, hasta entonces, rumoreada mesa de concertación. La noticia de la confirmación de los diálogos generó diferentes reacciones y escepticismo, algunas a favor y otras en contra, estas últimas basándose en las fallidas negociaciones de 1998 al 2002 en San Vicente del Caguán (Caquetá). Las reacciones favorables se toman sobre la base de los acercamientos y los diálogos, aquellos que conlleven a la erradicación de todo tipo de conflictos. Por su parte, la Iglesia católica colombiana, que ha participado de garante en escenas humanitarias con las FARC-EP, se ofreció para ejercer el mismo rol.
La agenda estuvo integrada por cinco puntos, algunos de los cuales coincidían con proyectos que el gobierno de Santos previamente había impulsado, como un proyecto de ley del ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo, la Ley de Víctimas y la Comisión de la Verdad.