El Acuerdo de París es un acuerdo dentro del marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que establece medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). El acuerdo busca mantener el aumento de la temperatura global promedio por debajo de los 2 °C por encima de los niveles preindustriales, y perseguir esfuerzos para limitar el aumento a 1.5 °C, reconociendo que esto reduciría significativamente los riesgos y efectos del cambio climático.
El acuerdo establece que esto debería ser logrado mediante la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero tan pronto como sea posible. También propone aumentar la habilidad de las partes del acuerdo para establecer medidas de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático, y generar flujos financieros para lograr la reducción de emisiones y el desarrollo resistente a los efectos del cambio climático.
La aplicabilidad del Acuerdo comenzó en 2020, tras la finalización de la vigencia del Protocolo de Kioto. El acuerdo fue negociado durante la XXI Conferencia sobre Cambio Climático (COP 21) por los 195 países miembros, adoptado el 12 de diciembre de 2015 y abierto para firma el 22 de abril de 2016 para celebrar el Día de la Tierra. Hasta el 3 de noviembre de 2016, este instrumento internacional había sido firmado por 97 partes, lo cual comprende 96 países firmantes individualmente y la Unión Europea, la cual ratificó el acuerdo el 5 de octubre de 2016. De esta manera, se cumplió la condición para la entrada en vigor del acuerdo (Artículo 21,1) al ser ratificado por más de 55 partes, que suman más del 55 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.
El jefe de la Conferencia de París, el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Laurent Fabius, dijo que este «ambicioso y balanceado» plan es un «punto decisivo histórico» en el objetivo de reducir el calentamiento global.
El 1 de junio de 2017, el presidente Donald Trump anunció la retirada de Estados Unidos de este acuerdo, dadas sus promesas de campaña en pro de los intereses económicos de la nación. Todos los demás países del mundo reiteraron su compromiso y comunicaron que no se iban a retirar del acuerdo aunque Estados Unidos lo hiciese. Los países latinoamericanos que más se habían involucrado en la consecución de los objetivos fijados en el acuerdo expresaron su preocupación por la reducción de transferencia de tecnología y financiación internacional que supondría la retirada de Estados Unidos para su proceso de transición energética.
Joe Biden, en su primer día en el cargo, firmó órdenes ejecutivas en la que se reincorpora al Acuerdo Climático de París, que se hizo oficial el 19 de febrero de 2021. Sin embargo, en la actual y segunda administración de Donald Trump de 2025, Estados Unidos vuelve a retirarse del acuerdo.
Conforme al propio texto del instrumento internacional, tal como se enumera en su Artículo 2, el acuerdo tiene como objetivo reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza para lo cual determina tres acciones concretas:
Contribuciones nacionales previstas
Las contribuciones que cada país individual puede establecer para conseguir el objetivo global están determinadas por todos los países individualmente y se denominan contribuciones previstas determinadas a nivel nacional (Nationally determined contributions, NDCs). El artículo 3 requiere que sean «ambiciosas», «que representen un progreso a lo largo del tiempo» y se establezcan «para conseguir el propósito de este Acuerdo». Las contribuciones deberían tener un informe cada cinco años y estar registradas por la Secretaría de las UNFCCC. Cada progreso debería ser más ambicioso que el previo, conocido como el principio de «progresión». Los países pueden cooperar y poner en común sus contribuciones determinadas a escala nacional. Las contribuciones determinadas a nivel nacional comprometidas durante la conferencia de Cambio Climático de 2015 sirven —a menos que se consigan de otra manera— como la contribución inicial a escala nacional.
El nivel de las Contribuciones Previstas Determinadas a Nivel Nacional (INCD) que se establece para cada país definirá los objetivos de cada país. Sin embargo, las contribuciones no son obligaciones similares a la legislación internacional, ni tienen la especificidad de carácter normativo, o lenguaje obligatorio necesario para crear normas que hay que cumplir. Además, no habrá mecanismo para forzar a un país a establecer un objetivo en su Contribución determinada a escala nacional para una fecha concreta, ni la ejecución si el objetivo establecido no se alcanza. Habrá solamente un sistema «nombre y deshonra» o como János Pásztor, el secretario general asistente de ONU en cambio climático dijo en la cadena televisiva norteamericana CBS News, un plan «nombre y estímulo».[cita requerida] Según dispone el Acuerdo no hay consecuencias si los países no alcanzan sus compromisos, la conclusión en este punto es frágil.
El balance mundial comenzó con un «diálogo facilitador» en 2018. En esta convocatoria, las partes evaluaron cómo sus primeras NDC se comparaban con el objetivo más cercano de alcanzar un pico de emisiones globales y con el objetivo a largo plazo de lograr cero emisiones netas para la segunda mitad de este siglo.
La implementación del acuerdo por todos los países miembros en conjunto será evaluada cada 5 años, con la primera evaluación en 2023. El resultado se utilizará como insumo para nuevas contribuciones determinadas a nivel nacional de los Estados miembros. El balance no consistirá en contribuciones o logros de países individuales, sino en un análisis colectivo de lo que se ha logrado y qué más se necesita hacer.
El balance funciona como parte del esfuerzo del Acuerdo de París para crear un aumento en la ambición de los recortes de emisiones. Debido a que los analistas acordaron en 2014 que las NDC no limitarían el aumento de temperaturas por debajo de 2 °C, el balance mundial vuelve a reunir a las partes para evaluar cómo deben evolucionar sus nuevas NDC para que reflejen continuamente la «mayor ambición posible» de un país.
Si bien aumentar la ambición de las NDC es uno de los objetivos principales del balance mundial, el balance evalúa los esfuerzos más allá de la mitigación. Las revisiones quinquenales también evaluarán la adaptación, las provisiones de financiamiento climático y el desarrollo y la transferencia de tecnología.
En abril de 2020, un estudio preliminar publicado en Nature Communications llegó a una serie de conclusiones que impacta sobre el análisis del balance mundial. Sobre la base de una base de datos de políticas públicas y un análisis de escenarios de modelos múltiples, los autores demostraron que la implementación de las políticas actuales deja una brecha de emisión media de 22,4 a 28,2 GtCO2eq para 2030 con las vías óptimas para implementar los objetivos de niveles inferiores de 2 °C y 1,5 °C de París. Si las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional se implementaran en su totalidad, esta brecha se reduciría en un tercio. Se encontró que los países evaluados no lograron sus contribuciones prometidas con las políticas implementadas (brecha de implementación), o tenían una brecha en las ambiciones con caminos óptimos muy por debajo de 2 °C. El estudio mostró que todos los países necesitarían acelerar la implementación de políticas para tecnologías renovables, mientras que las mejoras en la eficiencia son especialmente importantes en los países en desarrollo y los países que dependen de los combustibles fósiles.
El Acuerdo de París tiene una estructura «de abajo hacia arriba» en contraste con la mayoría de los tratados de derecho ambiental internacional, que son «de arriba hacia abajo», caracterizados por estándares y objetivos establecidos internacionalmente para que los estados los implementen. A diferencia de su predecesor, el Protocolo de Kioto, que establece metas de compromiso que tienen fuerza legal, el Acuerdo de París, con su énfasis en la construcción de consenso, permite metas voluntarias y determinadas a nivel nacional. Por lo tanto, los objetivos climáticos específicos se fomentan políticamente, en lugar de vincularse legalmente. Solo los procesos que rigen la presentación de informes y la revisión de estos objetivos son obligatorios en virtud del derecho internacional.