Óscar Humberto Mejía Víctores (Ciudad de Guatemala, 9 de diciembre de 1930-Ib., 1 de febrero de 2016) fue un político y militar guatemalteco, jefe de Estado de facto de Guatemala entre el 8 de agosto de 1983 y el 14 de enero de 1986.
Óscar Mejía Víctores fue hijo de Juan José Mejía y Alejandra Víctores de Mejía. Ingresó al ejército en Guatemala, haciendo estudios en la Escuela Politécnica en el año de 1948, ostentando como caballero cadete el número de antigüedad 1903, y se graduó el 29 de marzo de 1953. Su carrera militar fue exitosa, hasta alcanzar el generalato.
Ministro de la Defensa y Tribunales de Fuero Especial
En abril de 1982, en la cadena nacional de televisión, el presidente de facto de Guatemala, general Efraín Ríos Montt, decretó una amnistía para que la izquierda subversiva dejara las armas. Tras la escasa respuesta a su petición, el 9 de junio Ríos Montt se autoproclamó jefe de Estado y depuso a los coroneles Héctor Maldonado Schaad y Francisco Luis Martínez Gordillo del poder, mientras concentraba a todos los elementos del ejército en los cuarteles cercanos a la capital, en donde descansan por un mes.
El 30 de junio de 1982, Ríos Montt, en un discurso titulado Estamos dispuestos a que reine la honestidad y la justicia, dijo que el gobierno se daba cuenta de que había guatemaltecos que por temor a ser asesinados no hicieron uso de la amnistía, porque los «camaradas comunistas» se habían declarado enemigos de estas poblaciones y que por esta razón el gobierno iba a combatir a la subversión por los medios que quisieran, pero que lo iban a hacer con juicios abiertos, completamente justos, a la vez que con energía y con rigor. Informó que para tal efecto había establecido «tribunales de fuero especial» que cumplirían con este propósito y declaró que a partir de ese momento había pena de muerte por fusilamiento, para los que secuestraran, provocaran incendios, y atacaran y dañaran instalaciones de defensa. Finalmente, anunció que a partir del 1 de julio quedaba establecido en todo el país el estado de sitio, y que iba a movilizar tropas para combatir a la subversión, para iniciar ya la «batalla final».
Los Tribunales de Fuero Especial, dirigidos por funcionarios desconocidos, civiles o militares, nombrados por el presidente, y que juzgaron y condenaron, de forma drástica y rápida, de modo paralelo al Organismo Judicial a más de quinientas personas culpadas de pretender violentar las instituciones jurídicas, políticas, económicas y sociales del país eran un órgano judicial sujeto al Poder Ejecutivo. Los tribunales funcionaban bajo jurisdicción del Ministerio de la Defensa, entonces a cargo del general Mejía Víctores. En total, quince personas murieron fusiladas sin que hubiera forma de probar lo contrario, pues en menos de un mes desde su captura, los tribunales con jueces anónimos —sin rostro y sin registro— los sentenciaron a muerte y nunca fueron públicos los argumentos en que se basaba su fallo. Se juzgaron, además, a otras quinientas ochenta y dos personas que no fueron condenados a muerte.
Cuando se publicó el decreto-ley de los Tribunales de Fuero Especial, un día después de la celebración del día del ejército, el 1 de julio de 1982, el gobierno de Ríos Montt no esperaba que se dieran impugnaciones, apelaciones y menos amparos; la ley —decreto-ley 46-82— decía: «Contra las resoluciones de los Tribunales de Fuero Especial que se dicte en esta clase de procesos, no cabe recurso alguno», por lo que de la defensa se esperaba casi nada o muy poco. Conrado Alonso, quien fue abogado defensor de uno de los acusados, escribió en 1986 un libro minucioso al que llamó 15 fusilados al alba. En el libro aparecen fotos de los sentenciados, de los tribunales sin jueces, y de policías con los fusiles en la mano en las afueras del cementerio. Defensores que contra reloj redactaban recursos de amparo antes de la medianoche, y magistrados que los recibían, que iban y venían, con la notificación de suspensión, buscando desde las tres de la mañana, la sede inexistente de los Tribunales de Fuero Especial, ya fuera en el Palacio Nacional o en el Segundo Cuerpo de la Policía Nacional, a un costado de la iglesia de la Merced; gracias a las diligencias de los magistrados, la inexistencia de la sede para los Tribunales de Fuero Especial quedó en evidencia, a pesar de que ya tenían más de seis meses de estar operando, y de que el 18 de septiembre de 1982 ya habían sido fusiladas cuatro personas.
Tras la visita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a finales de 1982, Ríos Montt decidió suspender todas las ejecuciones a pena de muerte existentes, sin que se diera a conocer el nombre de los condenados, tomando en cuenta algunas sugerencias del organismo internacional de derechos humanos. Después de recibir el informe de la CIDH, la ley sufriría modificaciones; entre ellas, que la defensa podía tener al menos una participación discreta y la creación de una segunda instancia para los procesos sometidos a estos tribunales. El 14 de diciembre de 1982, los cambios se publicaron en el Diario Oficial: Decreto Ley 111-82. La defensa pudo al menos activar un mecanismo dentro del Sistema de Justicia Oficial, que aunque no logró evitar los fusilamientos, por lo menos los pospuso por unos días.
De acuerdo a la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, los Tribunales de Fuero Especial fueron el elemento de represión urbano que se implementó dentro del proyecto contrainsurgente del ejército; esto fue necesario porque desde 1976, la guerrilla los partidos políticos de izquierda que estaban proscritos —como el Partido Guatemalteco del Trabajo— se habían infiltrado en sindicatos, organizaciones populares e incluso en las asociaciones estudiantiles y la autoridad de la Universidad de San Carlos. Durante el gobierno de Lucas García demostraron su poder de convocatoria y organización con masivas protestas en julio y agosto de 1978 que pusieron en jaque al gobierno, y luego cuando el gobierno encontró —con la ayuda de equipo de cómputo recomendado por el gobierno militar de Argentina y técnicos israelíes— y desmanteló treinta y cinco reductos guerrilleros en la ciudad de Guatemala en 1981. El gobierno de Lucas García incrementó la represión por medio de una ola de terror en la ciudad al punto que para 1982 la izquierda subversiva estaba desmantelada. En el caso de los Tribunales de Fuero Especial, éstos fueron una continuidad del plan militar desde el gobierno, con un cambio de cúpula nada más.
Entre el martes 22 de febrero y el 4 de marzo de 1983, los seis condenados a muerte volvieron a ser noticia. No había sido fácil, pero los defensores habían logrado una audiencia pública, por las sentencias apresuradas, los Tribunales de Fuero Especial cometieron errores. Lo que quedaba era pedir una vista pública de los sentenciados, a la que el Ministerio de la Defensa se mostró renuente; pero no pudo reñir con la decisión de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de tal cuenta, frente a los reporteros, ante los magistrados de la CSJ, las cámaras de televisión, el Ministerio Público, y la ausencia de los jueces de Tribunal de Fuero Especial, uno a uno, los seis condenados podrían declarar. Ese día se escuchó la repetición de las acusaciones, la tortura, el interrogatorio exprés al que se había sometido cada uno de ellos. La sala de vistas del Organismo Judicial estaba llena. La voz entrecortada de los acusados, como recogieron algunos periodistas de la época, era algo que no dejaba indiferente.
El 3 de marzo de 1983 el general Mejía Víctores, ministro de la Defensa, obligó a que los magistrados de la CSJ fueran al Palacio Nacional —la sede de los Tribunales de Fuero Especial— para que, finalmente, revisaran los documentos. Tras conferenciar con los jueces en el Palacio, los magistrados de la CSJ encontraron sólo pequeños errores, y en consecuencia los sentenciados serían fusilados. Diez horas más tarde, los seis acusados —Héctor Adolfo Morales López, los hermanos Walter Vinicio y Sergio Roberto Marroquín González, Carlos Subuyuj Cuc, Pedro Raxón Tepet y Marco Antonio González—, llegaban de madrugada al Cementerio General junto con el pelotón de fusilamiento de policías y ejército y el médico forense. Lo que más se recuerda de aquellos fusilamientos fue que el hecho ocurrió apneas unos días antes de la visita del papa Juan Pablo II, quien había pedido indulgencia para los condenados.