Considerada el acontecimiento político y social más significativo de México en el siglo XX, la Revolución Mexicana fue mucho más que una guerra civil. Iniciada el 20 de noviembre de 1910 y con desarrollos que se extendieron hasta 1920 —y, según algunas interpretaciones, hasta décadas después—, sacudió las estructuras de un país marcado por décadas de dictadura, concentración de tierras y exclusión social, dejando un legado que aún resuena en la identidad nacional mexicana.
Para comprender la revolución, es indispensable entender el régimen que derrocó. Desde 1876, el general Porfirio Díaz gobernaba México con mano dura. Su largo dominio, conocido como Porfiriato, duró 34 años y combinó un crecimiento económico notable con una severa represión política y una desigualdad social escandalosa. Los beneficios del progreso se concentraban en pocas manos: en 1910, menos del uno por ciento de las familias mexicanas controlaban alrededor del 85% de las tierras cultivables del país. La población rural, que representaba más de la mitad de los habitantes, vivía en condiciones de extrema dependencia de las haciendas vecinas.
La situación agraria era el retrato más cruel de esta desigualdad. A lo largo del siglo XIX, una serie de leyes —incluyendo la Ley Lerdo de 1856 y otras medidas de deslinde de tierras de los años 1863, 1883 y 1894— fue despojando gradualmente a las comunidades indígenas de sus propiedades comunales, los llamados ejidos. Quienes tenían recursos e influencia aprovecharon el marco legal para apoderarse de enormes extensiones de tierra, mientras las poblaciones tradicionales perdían el suelo en el que habían vivido por generaciones y eran obligadas a trabajar en las haciendas de los nuevos propietarios.
El detonante político surgió cuando Díaz, en una entrevista, afirmó que no buscaría la reelección al final de su mandato. Esta declaración abrió espacio para que la oposición se organizara. Francisco I. Madero recorrió el país formando un partido político para disputar las elecciones, pero fue arrestado por sedición antes de los comicios. Las elecciones se realizaron con Díaz en el poder y, naturalmente, con la victoria del dictador. Madero logró escapar de la prisión y se refugió en Estados Unidos, desde donde, en San Antonio, proclamó el Plan de San Luis, convocando al pueblo mexicano a tomar las armas el 20 de noviembre de 1910 —fecha que marcaría el inicio oficial de la revolución.
El conflicto armado comenzó en el norte del país y se fue extendiendo. La toma de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, por los rebeldes fue el golpe decisivo que quebró el régimen. Ante el avance de las fuerzas revolucionarias, Díaz renunció a la presidencia y partió al exilio en Francia. En 1911, Madero ganó las elecciones y asumió el poder, llevando consigo las esperanzas de transformación que habían movilizado al país.
El gobierno de Madero, sin embargo, enfrentó profundas contradicciones. Otros líderes revolucionarios, como Emiliano Zapata —que exigía una reforma agraria inmediata— y Pascual Orozco, se sintieron traicionados por el nuevo gobierno y se rebelaron contra él. El golpe fatal llegó en febrero de 1913, durante la llamada Decena Trágica: un movimiento contrarrevolucionario articulado por Félix Díaz, Bernardo Reyes y el general Victoriano Huerta culminó con el asesinato de Madero, de su hermano Gustavo y del vicepresidente Pino Suárez. Huerta asumió la presidencia, desencadenando una nueva fase del conflicto.
La reacción al gobierno de Huerta fue inmediata. Venustiano Carranza y Francisco Villa, entre otros, se alzaron en armas contra el usurpador. Tras poco más de un año de lucha, agravada por la ocupación estadounidense del puerto de Veracruz, Huerta renunció y huyó del país. Pero la salida de Huerta no trajo la paz: las facciones que habían combatido juntas se volvieron unas contra otras. La Convención de Aguascalientes intentó, sin éxito, nombrar un líder único por encima de las disputas —Eulalio Gutiérrez fue designado presidente—, pero las hostilidades recomenzaron cuando Carranza rechazó el acuerdo.
Los constitucionalistas, liderados por Carranza, salieron victoriosos de este conflicto interno. En 1917, México obtuvo una nueva constitución, un documento avanzado para su época, que incorporó derechos laborales, principios de reforma agraria y limitaciones al poder de la Iglesia Católica. Carranza llegó a la presidencia ese mismo año, pero la paz definitiva aún estaba lejos. Los años siguientes estuvieron marcados por asesinatos que eliminaron a los principales protagonistas de la revolución: Zapata fue asesinado en 1919, Carranza en 1920, Villa en 1923 y Álvaro Obregón en 1928.
El saldo humano de la Revolución Mexicana fue devastador. Más de dos millones de mexicanos perdieron la vida a lo largo de una década de conflictos, levantamientos y masacres. Familias fueron destruidas, regiones enteras quedaron arrasadas y oleadas de refugiados cruzaron la frontera hacia Estados Unidos. La interferencia de potencias extranjeras con intereses económicos en México —especialmente la de los propios Estados Unidos— complicó aún más un panorama ya caótico.
El legado de la revolución, no obstante, es innegable. Puso fin a décadas de dictadura, sentó las bases para una redistribución agraria que transformaría el campo mexicano en las décadas siguientes y consolidó una identidad nacional que mezclaba las tradiciones indígenas con el proyecto de un Estado moderno. El debate sobre cuándo terminó exactamente la revolución —en 1917, con la Constitución; en 1920, con la presidencia de Adolfo de la Huerta; o en 1924— refleja la profundidad de los cambios que puso en marcha, cambios que continuaron desplegándose mucho más allá del silencio de las armas.